¿Qué están esperando las mayorías parlamentarias victoriosas para evitar que el Gobierno derrotado siga cometiendo atropellos? Es verdad que los nuevos parlamentarios no pueden tomar medidas ahora, pero estando elegidos y conociéndose la conformación de las Cámaras, tendrían que establecer las garantías para que no sigan los atropellos y la desinformación de un Gobierno que no previó su derrota ni preparó su repliegue ordenado.
Recién el 19 de octubre sabremos quién será presidente y recién el 8 de noviembre se posesionará para conformar su Gobierno e iniciar la ejecución de las medidas prometidas y esperadas. Este tiempo se dibuja torpemente conflictivo pues al no saber quién deberá tomarlas en función de los nuevos cargos, el vacío deja a la población en un espacio de nadie y sometida a la discrecionalidad de los salientes.
Mientras, hay una serie de situaciones que inquietan por la falta de gobernabilidad que representan y forman parte de los titulares de los medios.
El Gobierno se ha preocupado en informar que habrá combustible asegurado hasta el 8 de noviembre. Este chantaje es una irresponsabilidad y garantiza lo que las autoridades salientes desean, debilitar el funcionamiento normal de la economía de la gente y recibir con presiones previsibles a los gobernantes.
Habrá que recordar que la dejación del cargo y el no cumplimiento de responsabilidades formales, son delitos.
Se ha conocido la denuncia de la venta anticipada de oro en medio de la crisis económica con modificaciones normativas no consensuadas y un contrato de venta a futuro de 8,4 toneladas que ponen en debate la gestión de las reservas internacionales.
Los expertos cuestionan las operaciones y la falta de transparencia en un momento que solamente suponemos la situación de las reservas internacionales netas.
Junto a eso, algunos jueces están acelerando procesos que condenan a enjuiciados con causas discutibles, como es el caso de los recursos gestionados al FMI. «El intercambio financiero de Bolivia con el FMI a través del Financiamiento Rápido (IFR), fue la compra directa por el FMI, a solicitud del país, de los Derechos Especiales de Giro de Bolivia (DEG) sujeta a una obligación de recompra al final del plazo. El intercambio financiero con el FMI en el marco del IFR no fue la contratación de un préstamo en sentido jurídico ni en sentido técnico y por tanto no requería de la aprobación de la Asamblea Legislativa”, dicen los condenados, momentos antes de que termine el Gobierno que los enjuició.
Y en la Asamblea Legislativa hay quienes están urgidos para aprobar leyes que tendrían que esperar al nuevo periodo constitucional por la importancia que tienen. Ya se logró que no avancen aquellas referidas al litio, mientras las denominadas leyes incendiarias, gozan de un procedimiento sospechosamente lento.
Los parlamentarios deben saber que ya se inició la emergencia por el fuego y el humo, y que el cambio de Gobierno no es razón que la naturaleza acepte para que se apaguen.
El protocolo de una transición normal, no es sencilla y frente al principio de continuidad de gestión, el Gobierno derrotado ejercerá su autoridad hasta las fechas constitucionales definidas, mientras, el nuevo Gobierno, inexistente y sin autoridad en este momento, deberá soportar las consecuencias. Por eso, ¡este es el momento que la democracia tome el control de la democracia!