Y que viene ahora…?

EL CABILDO PACEÑO: UN INTENTO DE SUSTITUIR LO CUALITATIVO POR LO CUANTITATIVO

(Pese a la extraordinaria multitud, la falta de un discurso claro que justifique el derecho de La Paz a seguir siendo la sede del gobierno, acabó demostrando que no basta ser muchos para tener la razón)
Por: Eduardo Campos V. (*)
Creo que todos quedaron impresionados por la cantidad de personas que el día viernes 20 de julio de reunieron en la Ceja del Alto. Una concentración nunca antes vista en La Paz, aun en movilizaciones como aquella de la recuperación de la democracia en el año 82. Los organizadores del evento hablan de dos millones de personas; otros – menos apasionados – consideran que se alcanzó el millón y medio. Una estimación más imparcial – pero estimación al fin, como todas las que se han hecho – nos permite sostener que se reunieron cerca de un millón de personas. Estimación que toma en cuenta, la proyección de población al año 2007 para las ciudades del Alto y La Paz, efectuada por el INE, sobre la base de los datos del Censo 2001. Sumadas ambas, alcanzan a un millón setecientos cuatro mil habitantes y se estima – también – que entre un 60 a 70 por ciento de esa población participó del cabildo.

Pero si la concentración fue multitudinaria y el evento alcanzó una extraordinaria participación, no se puede decir lo mismo de los propósitos y las decisiones que se tomaron. Antes que esgrimir argumentos consistentes que justifiquen – ante los ojos del todo el país – la necesidad de que la sede del gobierno continué en esa ciudad, se han manifestado criterios contradictorios e incluso amenazadores, llevándose peligrosamente – una vez más – la definición de los temas trascendentales, del seno de la constituyente a las calles. El tema de la capitalia y otros como la estructura del nuevo estado, las autonomías regionales e indígenas, son indudablemente temas de difícil definición, pero deben ser resueltos en el ámbito del proceso constituyente que vivimos. Es allí y no en ninguna concentración callejera que deben tomarse las decisiones. El cabido del 20 de julio convocado por los principales líderes paceños – claramente con la complacencia del gobierno central – no hace otra cosa que debilitar a la Asamblea Constituyente. No será con cabildos en las diferentes ciudades del país, que se definan los temas cruciales que debe resolver la asamblea.

Por otra parte, la extraordinaria concentración, además de debilitar el poder de decisión de la Asamblea Constituyente, acabó aprobando una proclama amenazadora y antidemocrática. Queda evidente que el texto aprobado fue pensado y redactado por el principal grupo de líderes regionales paceños, quienes serán – en todo caso – responsables de las consecuencias que provoquen semejantes decisiones. Pero veamos que dice la proclama.

En su artículo primero, se reafirma la voluntad histórica de La Paz, de preservar la unidad de la patria por encima de cualquier interés mezquino, sectario y divisionista (el subrayado es nuestro). Una primera contradicción queda evidente. ¿No es precisamente mezquino, sectario y divisionista, amenazar al conjunto de la nación y en particular a la Asamblea Constituyente con tomar medidas de hecho si no se hace lo que ellos quieren?

En su artículo segundo, reafirman su decisión irrenunciable de garantizar la permanencia de los poderes ejecutivo y legislativo en la ciudad de La Paz, rechazando la intención de aquellos pequeños sectores conservadores antinacionales. Esta segunda decisión, muestra precisamente la contradicción con el primer artículo y manifiesta un alto nivel de intolerancia, al sostener que se rechaza – incluso – “la intención” de trasladar los poderes, tipificándolos a todo aquellos que pretendan hacerlo de “pequeños sectores conservadores antinacionales”.

En artículo tercero, se reafirma el respaldo del Depto. de La Paz al proceso de cambio y a la Asamblea Constituyente, comprometiéndose a defender la constitución de la nueva Bolivia que emerja de sus deliberaciones. La contradicción del tenor de este artículo con el segundo, es aun mayor. ¿Si están dispuestos a respaldar las decisiones que emerjan de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, cómo es que no aceptan las deliberaciones incondicionales? y pero aún, ¿cómo le otorgan un plazo fatal para que retire de su discusión el tema de la capitalia?

Precisamente en el artículo cuarto la proclama señala que se instruye a su brigada en la constituyente y se pide a los constituyentes de otros departamentos “impedir” el tratamiento de la sede de gobierno en cualquier instancia de la Asamblea, dándole un plazo hasta el 6 de agosto a la asamblea para que elimine de manera definitiva el tratamiento del tema. Esta es sin duda la principal contradicción del texto de la proclama. ¿Cómo pueden considerar legítima y justa su petición si recurren a la amenaza?

En el artículo quinto del texto, se establece precisamente la amenaza, señalándose que se dará paso al paro departamental indefinido y a la movilización general nacional, encomendándose a los dirigentes, líderes y autoridades e instituciones del departamento para que, en caso de haberse cumplido el plazo, puedan adoptar todas las medidas necesarias en defensa de la unidad y la integridad nacional. Claramente, los redactores del texto, quieren hacer ver ante los ojos de la ciudadanía (paceña por supuesto) que el incumplimiento del retiro del tema de la sede de gobierno en el seno de la constituyente es un tema de defensa de la unidad y la integridad nacional, cuando por el contrario se trata de un interés regional, sectario e incluso mezquino.

Finamente, en su artículo sexto, se instruye a las instituciones y organizaciones paceñas para que pongan en marcha un plan estratégico para el desarrollo departamental y regional. Felizmente, este último artículo es el único que expresa una legítima decisión que les concierne. El desarrollo regional.

Como verán – y lo venimos diciendo hace tiempo – La Paz, como ciudad, como región no tiene ninguna intención de recurrir al dialogo y la concertación para defender su condición de sede del gobierno. En su proclama, ni una palabra para intentar convencernos a todos los bolivianos de la existencia de ventajas no sólo para ellos, sino para todos de que la sede siga en La Paz. Por otra parte, ninguna predisposición a reconocer que la definición de la sede del gobierno es un tema que concierne a todos y no sólo a ellos.

Pese a la extraordinaria multitud que se concentro el pasado viernes 20 de julio, la falta de un discurso claro que justifique el derecho de La Paz a seguir siendo la sede del gobierno, acabó demostrando que no basta ser muchos para tener la razón. Aun con chantajes, desinformación y presiones de hecho, la Asamblea Constituyente, está compelida a tratar el tema de la capitalia, para que sea la voluntad concertada de las representaciones de todo el país la que tomen la mejor decisión en función de los intereses nacionales. Lo cuantitativo, no puede sustituir lo cualitativo.

*) Director A. C. Cramer
eduardocamposdc@yahoo.es
http://www.lacoctelera.com/educamposv

Sucre fue elegida como capital de Bolivia en el siglo XIX, cuando era la principal ciudad de la república y tenía el liderazgo intelectual nacido en las aulas de su universidad.
Esta realidad ya ha cambiado en el siglo XX y más aún en el siglo XXI, Sucre por muchas razones ha perdido su liderazgo y su importancia relativa en el contexto nacional.
Trasladar los poderes a Sucre, entorpecería notablemente el funcionamiento del aparato del estado, el ejecutivo y el legislativo, alejados del centro neurálgico del país, no podrían seguir seguir su ritmo y menos ejercer su conducción, estarían en un aislamiento improductivo, retrasados y ajenos a la marcha del quehacer nacional.
La gran mayoría de los países, y absolutamente todos los que se asemejan al nuestro, han puesto sus capitales en las ciudades más importantes de sus territorios, allí donde radica el liderazgo social, político, económico, cultural e intelectual; es allí donde deben estar el ejecutivo y el legislativo para cumplir sus funciones con eficiencia y oportunidad.
Llevar los poderes a Sucre entorpecería el funcionamiento del país, un lujo que no podemos darnos, porque ya estamos suficientemente atrasados con relación al resto de América y el mundo, todos los bolivianos saldríamos perdiendo, salvo unos pocos propietarios de bienes raíces en Sucre, cuyos bienes subirían de precio.
Otra cosa que no consideran quienes proponen el traslado de poderes, es que le están quitando el pan de la boca a miles de familias provenientes de todo el país, que viven en La Paz y que trabajan en el aparato estatal; atentar contra el sustento de esos ciudadanos, es la forma más directa de generar conflicto; o alguien cree que cualquier persona se quedaría tranquila viendo como se esfuma el sustento suyo y de su familia?. No es racional, ni civilizado, ni cristiano, ni humano, buscar el beneficio propio a costa del perjuicio de nuestros semejantes.
Dejémonos de romanticismos, no podemos vivir en el siglo XXI, con ideas del siglo XIX, no podemos retroceder en el tiempo, la historia avanza día a día y ha avanzado mucho en estos dos siglos, las leyes que le dieron la capitalía plena a Sucre, son ahora reliquias históricas y nada más. No podemos pretender tampoco que Potosí vuelva a ser la ciudad más poblada del mundo como lo fue en el siglo XVI, o que la corona española vuelva a sentar sus reales en estas tierras como lo hizo en el siglo XV; con argumentos históricos no faltará quien proponga llevar la capital a Cuzco, Tiwanaco o la Isla del Sol.
Vale la pena hablar más?, que tal solo mencionar la cantidad de tiempo y recursos que serían necesarios para trasladar los dos poderes que faltan a Sucre, no tenemos cosas mucho más importantes que hacer con ellos en Bolivia?, no les parece que ya es un absurdo que nos dediquemos sólo a hablar de este tema?
Ninguna de la veintena de constituciones que Bolivia tuvo a lo largo de su historia, han mencionado el tema de la capitalidad y la sede de los poderes, por que ahora se pretende debatir este tema tan conflictivo en la asamblea constituyente?.
La explicación a todo esto es clara, la oligarquía extranjera que se ha asentado en el oriente del país, cuyo poder económico ha crecido a costa del estado boliviano y que hoy ejerce un control importante en esa zona, casi una ocupación, no quiere perder las tierras de las que se apropiaron sin ningún título, ni los privilegios a los cuales están acostumbrados. Para ellos la asamblea constituyente es una amenaza, como lo es el proceso de cambios que vive el país, por eso harán todo lo que este a su alcance para perjudicar su desarrollo y para crear conflictos, lo menos que ellos buscan es la independencia de Santa Cruz, donde ellos podrán consolidarse como ocupación extranjera, acaparando todas las riquezas de esas tierras para si, arrebatándolas del resto de los bolivianos.
No sigamos este juego perverso, no seamos los tontos útiles que se hagan eco de las ideas que generen los conflictos atizados por los intereses mezquinos de los extranjeros que ocupan el oriente de nuestra patria, y por unos cuantos compatriotas comprados por ellos, que hoy nos quieren engañar con que la capitalía plena es un derecho de los chuquisaqueños. Sin duda lo fue, pero los tiempos cambian y hoy, el mejor interés de la patria obliga a que los poderes permanezcan donde están.
Dejemos ya este tema absurdo y empecemos a hablar del futuro.

Toranzo? muchos paceños tambien te dirán que cites a costas o cossio que son mas sinceros y no son ambivalentes.