Por los acontecimientos que se están produciendo, se está constatando el colapso y la anomia institucional del estado boliviano a partir de evidencias fácticas:
- incumplimiento de plazos constitucionales,
- confrontación de órganos que rompen discrecionalmente la institucionalidad,
- ruptura del estado de derecho en el ejercicio de competencias,
- desconocimiento de la división de poderes,
- judialización de la política y manipulación de la capacidad estatal para restablecer derechos
- incapacidad material del gobierno de cumplir responsabilidad sobre servicios públicos básicos,
- Indefensión de la población frente al atropello del poder político, económico y del crimen organizado
- Crisis económica que impide el trabajo y la producción.
- Ruptura de consensos y solución de los conflictos por vía de la violencia legal, policial y militar, y social con movilizaciones y bloqueos.
- Destrucción sistemática de la malla social, la cohesión y la representación ciudadana, que llega al absurdo de la confrontación del bloque en el poder con ejercicio parcelado de la autoridad.
Sí todo esto es cierto, estamos frente a la necesidad de plantearnos seriamente la reconstrucción del pacto social sobre la base de la institucionalidad territorial de los Departamentos y municipios.
Están quedando como último reducto para restablecer la democracia. Desconocer esta realidad, ya no es responsable.