En el Censo del 2012, sobre 343 municipios, 256 tenían población menor de 20.000 habitantes. En el Censo del 2024 se han reducido a 243 municipios, pero la extensión territorial sigue siendo la misma y representa el 70 % del territorio nacional, espacio en el que no hay un hospital de segundo nivel y tampoco hay recursos para construirlos.
En ese espacio no existen servicios de identificación y registro que se trata de corregir con brigadas móviles. Quienes viven en esos lugares saben a qué me estoy refiriendo. Y, sin embargo, en esos territorios es donde está la riqueza cultural y productiva de Bolivia.
Para enfrentar ese intríngulis, venimos proponiendo el fortalecimiento de Ciudades Intermedias integradas y que, además, cumplan función de nodos de servicios para espacios mayores al de la jurisdicción municipal. Así lo asumen Riberalta y San Ignacio de Velasco, y tendrían que hacerlo Camiri, Mizque, Sorata, Rurrenabaque, Challapata.
Para comprender el fenómeno desde el territorio, en el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad) construimos una metodología de investigación sobre 129 variables, agrupadas en seis ejes temáticos:
Dimensión institucional, dimensión económica, dimensión ambiental, género, juventud y turismo. Identificamos 53 municipios con población entre 20.000 y 100.000 habitantes fuera de las áreas metropolitanas, a los que les dimos el nombre de ciudades intermedias; de entre ellos, realizamos una selección y procedimos a estudiar 25 desde 2016.
Buscamos que tuvieran carácter paradigmático en relación a los demás y aparecieron Mizque, San José de Chiquitos, Sorata, Riberalta, Tarija, Rurrenabaque, Uyuni, Tupiza, Villa Montes, Yapacaní, Challapata, San Ignacio de Velasco, Camiri, Yacuiba, Ascensión de Guarayos, Zudáñez, Llallagua, Punata, Tiraque, Tiahuanaco, San Ignacio de Moxos, Caranavi, Samaipata, Cobija, Tarabuco. (Debimos incorporar Cobija y el Cercado de Tarija pues, sin ellas, quedaba un vacío inexplicable en el territorio donde estaban ubicadas).
El estudio propone una red de ciudades con estructura de nodo, conectadas por vínculos socioeconómicos, geográficos, culturales, a través de los cuales la población que vive en esas ciudades, y en las áreas circunvecinas, intercambian flujos de distinta naturaleza, sustentados sobre cultura, infraestructura, mercados, comunicaciones y conectividad.
El resultado es un instrumento práctico para que la población acceda a los servicios que necesita a distancias razonables, ante la imposibilidad material del Estado de dotar los servicios básicos en todo el territorio.
Encontramos sorpresas. Resulta que ocho municipios han alcanzado desarrollo casi autónomo: Riberalta, Yacuiba, Villa Tunari, San Ignacio de Velasco, Puerto Villarroel, Caranavi, Yapacaní, Pailón.
Estudiando sus razones, encontramos que la principal es la existencia de una dinámica productiva en torno a una vocación económica; mientras que los demás municipios, teniendo la misma calidad jurídica, no logran desarrollo sostenible o tienen dificultad de hacerlo por la ausencia de servicios básicos necesarios que apoyen el desarrollo y producción.
La consecuencia lógica fue señalar que para que funcionen las ciudades intermedias se requiere de una política pública, pues esas condiciones deben ser dotadas por el Estado: hospitales de segundo nivel, educación técnica y superior, agua, energía, oficinas de Registro Civil, Segip, apoyo al desarrollo, justicia, sin los cuales no existe la posibilidad de fidelizar productivamente a la población.
Apareció una preocupación por las poblaciones de fronteras. Los 6.834 kilómetros de fronteras internacionales que tiene Bolivia no son muy amigables por la responsabilidad estatal, más allá de la legítima demanda de sus habitantes de ser tomadas en cuenta.
Al identificar la necesidad de explicar el alcance de las Ciudades Intermedias, encontramos la respuesta incorporando las potencialidades y demandas que tiene el turismo.
La migración –dejar el lugar donde cuidamos a nuestros muertos y nuestros recuerdos– se da en la historia de la humanidad por múltiples razones: desastres, guerras, pobreza, búsqueda de mejores tierras, de mejores condiciones, nuevas expectativas, la revolución industrial… visto así, todos los terrícolas, todos, somos migrantes.
Este proceso genera presión migratoria y produce su consecuencia: abandono de zonas rurales y crecimiento inorgánico de las áreas urbanas. A ello se suma la ausencia de servicios básicos en los territorios rurales, evidenciados durante la pandemia, el cambio climático, que modifica los ciclos del agua, y la producción disminuyendo su capacidad productiva.
Las economías de escala, que marginan territorios que no logran competitividad en volumen, calidad y precio, y que hace que los productos del exterior valgan menos en el mercado, la ausencia de entornos amigables de negocios, producción, innovación y la falta de competitividad, conectividad, investigación científica y educación de calidad.
Y aunque no estamos haciendo mucho para cambiar estas condiciones, es bueno compartir que ya tenemos información suficiente respaldada por la evidencia de qué tendríamos que hacer como sociedad y Estado en el territorio.
La fórmula es muy sencilla de expresar: alianza con el turismo para reconstituir ciudades, articularlas, poner en valor autoestima y capacidad productiva de las zonas rurales y, con eso, fortalecer lo que tanta falta nos hace: cohesión social.