La Paz, 02 sep (ABI).- El Gobierno resolvió este martes encarar la defensa legal y legítima del referendo dirimitorio y constitucional previsto para el 7 de diciembre, además espera que la opinión de la Corte Nacional Electoral (CNE) sea modificada para continuar con el proceso electoral.
«Como Gobierno vamos a seguir insistiendo en la legitimidad y legalidad del decreto supremo, y si aún es insuficiente todo el esfuerzo que se despliegue, como Gobierno nacional insistiremos por la vía legal y legítima en cualquier otro recurso que permita llegar al escenario (del referendo) a ese momento, que todos los bolivianos desean», afirmó en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Recalcó que agotarán todos los recursos legales que puedan franquear para que la decisión del soberano se respete, sin precisar en qué escenario lo harían, pues ahora no existe un Tribunal Constitucional.
El ministro Quintana afirmó que el juicio de valor que pronunció la Corte Nacional Electoral puede ser modificado porque no es ninguna resolución sino una carta sin ningún carácter vinculante.
El jueves 28 de agosto, mediante Decreto Supremo Nro. 29691 el Gobierno fijó para el 7 de diciembre próximo la realización del referendo dirimidor y constitucional sobre la nueva CPE en el marco de la Ley 3836.
No obstante, el lunes pasado, el presidente del órgano electoral, José Luis Exeni, y la vocal Amalia Oporto reunidos en sala plena, en ausencia del vicepresidente Jerónimo Pinheiro, decidió frenar la realización del referendo dirimidor y constitucional argumentando una serie de observaciones que cuestionarían la legalidad del proceso electoral.
Con esa medida, también congeló la selección de prefectos para La Paz y Cochabamba, de subprefectos para las 112 provincias del país y de consejeros departamentales y decidió una auditoría al Padrón Nacional Electoral.
De igual manera declaró ilegal la consulta convocada por la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, sobre la autonomía departamental; y la «ley» que firmara el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, para llamar a la elección de subgobernadores y asambleístas departamentales.
«CARTA NO DOCUMENTO JURÍDICO»
Sobre este, el ministro Sin Cartera Encargado de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, indicó que la Corte Electoral hizo llegar al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, una simple carta que expresa una opinión y que no puede frenar la realización del referendo convocado de forma legal.
«No es un documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede suspender la ejecución de los actos eleccionarios y refrendatarios convocados legal y legítimamente por el Presidente de la República (Evo Morales Ayma) para el día 7 de diciembre», afirmó Arce.
El Ministro señaló que el presidente Morales actuó de acuerdo al artículo 96 de la Constitución, referido a las atribuciones del Presidente de la República.
El inciso uno de este artículo señala que el Presidente debe «ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución».
Arce explicó que la promulgación del Decreto Supremo No. 29691, que fija fecha para la realización del referendo dirimidor para el artículo 398 del nuevo texto constitucional y el referendo de ratificación de la nueva Carta Magna tiene el sustento de ley aprobado por dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado.
Por lo que el mencionado decreto supremo promulgado por el Presidente de la República tiene plena validez, es plenamente constitucional, legal y debe ser acatado y cumplido por la Corte Nacional Electoral.