Manuel de Unamuno, en la apertura del año académico 1.900 de la Universidad de Salamanca decía:
“A vosotros los jóvenes toca disipar la plúmbea nube de desaliento y desesperanza que a tantos cela la ruta del porvenir. Sois vosotros los que tenéis que descubrirnos a España y marcarla luego un fin, que no lo es ella en sí misma.”
El escenario boliviano caería en la preocupación del filósofo expresada hace más de 120 años. Estamos en un momento en el que la realidad aparece contradictoria y la verdad jurídica que tendría que restablecer el derecho y la verdad, depende de sentencias cuyo contenido es coreado antes de que empiece el juicio y con los sindicados purgando una condena que no tiene causa. Esta crisis filosófica en la que se debate nuestra sociedad se expresa con urgencias que adquieren una dinámica de conflictos que también conocemos y cuyos resultados son penosamente repetidos.
Emergencias, marchas, persecuciones, paros, bloqueos, tienen una experiencia nacional que acorta los tiempos de la paciencia. Máxime, si está de por medio una pandemia y una crisis económica que nadie puede resolver solo. Ni el Gobierno, ni los partidos ni la sociedad nacional, cada uno por su cuenta.
La lista de acontecimientos que demostrarán, por el absurdo, resultados previsibles, tienen para esta semana las demandas de la marcha indígena; la protesta de dos sectores de cocaleros que se enfrentarán en la ciudad de La Paz; la movilización y paro de los comités cívicos contra la ley de emergencia sanitaria, ley de legitimación de ganancias ilícitas, la ley de registro de comercio, ley de derechos reales, ley de ascensos de la Policía y de las Fuerzas Armadas; la judicialización del arriado de la wiphala; la reacción contra el comunicado de la Unión Europea… todos temas administrados por el gobierno y por un actor, Evo Morales, cada vez más incómodo al estar dedicado a demostrar su autoridad como presidente del instrumento político oficialista.
La citación a La Paz del gobernador Camacho es una acción que intenta comprobar la capacidad de reacción de la oposición. Y aunque el sentido común señala que no habrá detención, pues ese no el objetivo, si se buscará mostrar poder, incomodar, someter con medidas restrictivas, y dejará abierta la lista para los próximos actores repetidos en una suerte de vendetta, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina.
¿Cuál es la medida de la tensión a la que busca llegar el gobierno? ¿Hasta dónde?
Dos personajes juegan como azuzadores del conflicto. El viceministro Cox que critica al Fiscal General por su dejadez al no citar de una vez el gobernador Camacho, y la meritoria Lidia Patty, exdiputada del MAS, que se ha querellado contra todos en el caso “golpe”, y que sostiene que el Fiscal General “no tiene huevos” y que debería dimitir.
Por su parte, el MAS articula a sus organizaciones para responder en las calles la “movilización en defensa de la democracia, la revolución democrática cultural, al hermano Lucho Arce, y en desagravio a nuestra wiphala, emblema indígena milenario”, en la voz del inefable Evo Morales.
Y repetiré la constatación empírica que nace de las entrañas de la patria, de la base social, de los actores que viven en el territorio de la república, y demandan condiciones para el desarrollo productivo, la apertura de mercados, el apoyo al turismo sostenible, la seguridad alimentaria más allá de los discursos, la propiedad de la tierra para producir, no para desarrollar un comercio público y asqueroso de favores políticos. En las áreas rurales se está viviendo un despoblamiento que no tiene respuesta de políticas públicas, y que se agudiza por la falta de servicios básicos en el territorio, por el cambio climático y los precios del mercado internacional, situaciones mundiales estas dos últimas, que no se pueden manejar con discursos y con decretos.
Creo que les está llegando la hora para hacerse escuchar, a las autoridades territoriales, a las organizaciones políticas democráticas, a la sociedad civil y a los jóvenes. Esperemos estén a la altura de las responsabilidades para llegar al año 2025, con una Bolivia más democrática.