Usted señor Juan Lanchipa, es el Fiscal General del Estado. En esa calidad ha informado que «el Ministerio Público admitió tres denuncias penales por el paro cívico cruceño en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.»
Voy a curarme en salud señalando que toda denuncia sustentada y que tenga que ver con hechos que vulneren derechos y bienes públicos y privados, deben ser admitidas, investigadas y cuando corresponda, remitidas al juez competente. Desde actos de violencia en todas sus manifestaciones, avasallamientos de propiedades privadas, tomas de bienes públicos, aprovechamiento de patrimonio público, corrupción, narcotráfico, violencia contra las mujeres… y sigue la lista infinita que existe en nuestro ordenamiento penal. He satisfecho la formalidad jurídica que demanda el «deber ser».
No citaré la relación de artículos constitucionales y las leyes secundarias que usted conoce muy bien, que respaldan el derecho responsable a la protesta. A la movilización. A la libre opinión. A la propuesta de políticas públicas. A la representación de iniciativas ciudadanas justas, legitimas e inminentes por su urgencia. A la defensa de la democracia. A la Participación Popular, la fiscalización, el control, la veeduría social. A la exigencia rotunda del cumplimiento de las competencias que le son asignadas a las autoridades y servidores públicos para su ejecución en tiempo, transparencia, oportunidad y eficacia. Y a las responsabilidades que tendrían que ser emergentes y demandadas a las autoridades por incumplimiento de deberes, en el campo civil, administrativo y penal. Y estoy pensando, sin mucho esfuerzo, en la conducta compulsivamente mentirosa y dañina de los ejecutivos del INE que son los responsables directos, por incapaces, de todo este zafarrancho.
Por el cumplimiento inteligente, astuto y condescendiente con tres presidentes que usted ha tenido en sus funciones, no dudaría que sus argumentos pueden sustentar que los 3 ciudadanos nombrados por ser cruceños, pasen muchos años en el Penal de Chonchocoro en La Paz, o San Pedro en Oruro o Cantumarca en Potosí, para evitar fuga y entorpecimiento de las investigaciones.
Frente a esa legítima tentación, permítame sugerirle lea el discurso del Presidente Arce que devela que la Ley aprobada fue presentada por el MAS y es el resultado de haber escuchado al pueblo; que, como lo ha dicho el Señor Vocero Richter, la Ley se aprobó para pacificar al país; y como quedó en evidencia en la votación del Órgano Legislativo, los parlamentarios ya no obedecen a personas que se encuentran fuera de su recinto, situación fundamental para su futuro y tranquilidad personal al estar pronto a concluir, por fin, sus funciones; usted entiende esta reflexión respetuosa.
Para completar el análisis que debe realizar y formarse un criterio justo, le adjunto una foto de una pequeña concentración masiva del 13 de noviembre que respaldó la acción de los dirigentes, el resumen de la votación camaral, y la Ley 1492 publicada en la Gaceta, por si sus recargadas labores no le permitieron informarse de estas nimias y pueriles situaciones. Esas 3 evidencias han permitido que la acción de un pueblo y sus dirigentes después de 36 días de provocación y violencia estatal, logren su aprobación.
¿Qué le sugiere a su consciencia ciudadana Señor Fiscal General que, cuando se aprobó la Ley que garantiza la ejecución del Censo y el uso adecuado de sus datos, solicitada en todos los tonos y modos posibles por los 3 potenciales enjuiciados, en ese momento, terminó el conflicto y el país volvió a la normalidad?
