Comparto entrevistas y opiniones publicadas en diferentes medios.
(La Razón) «Con el empoderamiento progresivo de los actores territoriales y el ejercicio del mandato constitucional para el que fueron elegidos, tendremos un escenario real de tensiones creativas, de asombros, incomodidades y nuevos pactos.
La autonomía es un instrumento y se desarrolla en un proceso. Estas dos afirmaciones, obvias desde el punto de vista conceptual, no siempre lo son desde su análisis político.
La Razón es muy simple. El gestor público se enfrenta contra sí mismo en el momento que debe pensar y actuar delegando y transfiriendo competencias y recursos para que sean otros los protagonistas. Este acto de responsabilidad política y de eficacia administrativa cuyo beneficiario es la gente, encuentra, siempre, argumentos en contrario para justificar el no actuar respetando instancias y territorios.
Liberemos la carga de que esta conducta se trata de una especificidad nacional; es una forma de acción generalizada en todos los procesos que se asumen de cambio, que requieren una conducción centralizada que sólo confía en sus propias fuerzas y, por ello, trata de minimizar los contratiempos con terceros, así sean de su misma línea política. Reconociendo esta evidencia, y asumiendo que el análisis es sobre nuestras autoridades políticas, no las de Burundi, convengamos en algunas premisas.
El referéndum por la autonomía que se produjo en algunos departamentos a regañadientes del Gobierno central —y que por ello le sigue juicio a los prefectos de entonces por el gasto que significó— dio lugar al destrabamiento público de una necesidad contenida. Luego de los antecedentes abiertos por la Participación Popular, la discutida Ley de Descentralización y los caminos sinuosos que siguió la relación Gobierno-regiones, y de la multiplicación de opciones autonomistas existentes, pasar de uno a cuatro, el escenario abre una generosa posibilidad de ver los acontecimientos desde ángulos menos ideologizados y confrontacionales, para pasar al plano del ejercicio administrativo de lo público: A tomar la guitarra, diría nuestra gente.
En esa lógica, encontramos un conjunto de variables que han adquirido la calidad de espacio común y que sirven para entrar al campo de lo práctico.
La autonomía sigue siendo un término polisémico, es decir, con tantas interpretaciones como actores lo utilizan, pero con mandato constitucional y con una ley especial que la regula. Esta premisa libera el debate de lo que se querría tener y lo coloca en el escenario de la necesidad de su funcionamiento.
Una segunda constatación es que no había bastado la aprobación de la ley ni los discursos encendidos para que la autonomía funcione; estamos comprobando que los servidores públicos territoriales están en búsqueda de libretos ajustados a sus realidades, y el actor central sigue en su afán de seguir siendo el árbitro de las acciones autonómicas por el expediente simple y equívoco de repartir cheques y no negociar planes de desarrollo.
Una tercera evidencia se expresa en el progresivo afianzamiento del concepto autonómico en tránsito a la acción autonomista. Cuando las asambleas autonómicas departamentales, los concejos municipales, los consejos regionales y los órganos legislativos indígenas inicien el proceso de debate y aprobación de leyes territoriales, descubriremos el valor extraordinario de hacer funcionar sistemas y procesos, esta vez, a cargo de los actores territoriales, quienes directamente, y sin necesidad de pedir autorización, harán conocer su palabra y sus decisiones. En ese momento, y no antes, entenderemos el verdadero valor de lo que hemos aprobado.
Sobre estas tres premisas, con el empoderamiento progresivo de los actores territoriales y el ejercicio del mandato constitucional para el que fueron elegidos, tendremos un escenario real de tensiones creativas, de asombros, incomodidades y nuevos pactos. Hay varios antecedentes que señalan este camino: Caranavi, Potosí, la transferencia de la fijación de la tarifa del transporte a los actores territoriales y el pago del prediario de las cárceles, tan pedestres y minúsculos estos últimos, son señales inequívocas de la apropiación del territorio y de la dificultad que tendrá el Gobierno central si quiere seguir actuando como antes de la autonomía.
Todo eso abrió el discutido referéndum del 4 de mayo. Y con la reforma constitucional que entró en materias que no formaban parte del debate original, y han abierto la puerta del federalismo a Bolivia.
El nacimiento de un Estado federal
Si analizamos constitucionalmente las materias relacionadas a la gestión territorial del Estado, nos encontramos con algunas novedades.
La primera es el reconocimiento de la existencia de 36 naciones anteriores al Estado y que sobre esa base, y la voluntad de los bolivianos le damos origen al nuevo sujeto estatal. Ese reconocimiento de soberanía popular, que mantiene su calidad de autodeterminación y autogobierno, es técnicamente “pacto federal”. Si el pacto se configura sobre naciones que ejercen esos atributos y sobre ellos se integran, estamos frente a una confederación de naciones originarias con el Estado.
Si a eso le sumamos la calidad legislativa de aprobar leyes que tienen los sujetos autónomos territoriales, la posibilidad de ejercer “federalismo fiscal” para crear y cobrar impuestos, la capacidad jurisdiccional de resolver conflictos a través de una estructura propia, la figura que emerge nítidamente es la de un Estado federal.
Asumo que la palabra por sí sola despierta susceptibilidades, y libera demonios históricos y temores irreflexivos. Asumo que no fue la voluntad del constituyente ni del MAS ni del Presidente de la República.
Carlos Hugo Molina»