Las investigaciones que realizamos sobre el debate autonómico nos llevan a preguntarnos qué debemos alcanzar para superar la crisis. Partimos del reconocimiento que la población, de manera estoica y resiliente, ha sido capaz de enfrentar los retos, todavía, en el marco del Estado de derecho y el orden constitucional.
Sin embargo, existen tres tareas que deben ajustarse para no aumentar el riesgo: construir cohesión Sscial desde el turismo; desarrollar innovación, competitividad y producción, y convivir y sincerarnos con la informalidad social, que debe alejarse de la criminalidad.
Esta última es una precisión que incorpora Juan Carlos Iturri del IES para tener claro dónde no debemos llegar, y que se complementa con las investigaciones de Javier Gómez del Cedla, quien identifica las rutas, los caminos y los territorios en los que el Estado puede tener autoridades, pero ha perdido soberanía.
La buena noticia, sin falsa modestia, es el aporte del Cepad sobre población y territorio y la articulación que tendría que ejercer el Estado a través de ciudades intermedias como nodos de servicios; para bañarnos de realidad, debemos enfrentar la evidencia que el tren del mundo ya partió, nuestro mapa es un espacio vacíoy Chile, irónicamente, cava zanjas de tres metros de profundidad con una meta de 30 kilómetros en zonas críticas, sobre 7.000 km de fronteras que tenemos.
Al hacerse necesario reencauzar el debate del 50/50 y el pacto fiscal debemos tener presente el cuadro elaborado por Fundación Jubileo hace tres años que muestra la declinación del 65 % de los recursos de transferencia en favor de gobernaciones y municipios desde el año 2014 al año 2024, correspondientes a los Impuestos Directos de los Hidrocarburos, y las regalías de hidrocarburos.
Como desde el campo de las finanzas públicas no habrá recursos frescos para transferir, corresponderá realizar un trabajo que ya hicimos hace 30 años con la Participación Popular confiando en la gente: revisar una por una las competencias ejercidas por el nivel central en nombre del Estado, que puedan ser transferidas para su ejecución por los órganos de gobierno autonómicos, respetando la realidad departamental (por el absurdo, no se transferirá vacunación contra la fiebre amarilla en el altiplano).
Cuando estén definidas, determinar el presupuesto histórico con el que son ejecutadas y, en el marco del pacto, transferir los recursos. Como dijo Goni con ironía: “Ni de borrachos lo harán peor que nosotros, a 3600 metros de altura y 1000 kilómetros de distancia”.
Y un recuerdo honroso a los entonces secretarios nacionales de Educación y Salud, Enrique Ipiña, Joaquín Monasterios y después Javier Torrez Goitia Caballero. Desde la Unidad de Participación Popular, nos correspondió plantearles –con Roberto Barbery Anaya– a cuatro ministros y 14 secretarios nacionales “qué competencia podía desprenderse para transferirla al municipio, y que signifique poder y autoridad local”; frente a la posición “y, entonces, ¿qué haremos nosotros en el gobierno?” Cada uno de ellos dijo, por separado, palabras parecidas: “Nada que no pueda hacer la gente desde su alcaldía.”
En economía y finanzas no existen milagros ni magia. Es como una contabilidad familiar de ingresos, egresos, ahorros y deudas, un poquito más complicado, pero igual en contenido. Hay un clasificador presupuestario, partidas y procedimientos que deben respetar los sistemas nacionales de planificación (qué hacer), inversión (de dónde), programación de operaciones (en qué acciones periodizadas), presupuesto (con partidas aprobadas), ejecución (durante el año fiscal) y tres etapas cruciales, que en Bolivia se han vuelto complacientes favoreciendo la corrupción, la fiscalización pública, el control social y la rendición de cuentas de la gestión administrativa.
Como en la economía familiar debemos conocer los ingresos para definir el gasto. El Estado y sus ETAs tienen 11 fuentes de ingresos para cumplir sus competencias, en una lista que la escuchamos repetir en los discursos y que ahora deben ser analizadas una por una en el marco del nuevo Estado: regalías, recursos del Fondo Compensatorio Departamental, coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), impuestos departamentales, recursos propios, transferencias del sector público, donaciones, préstamos externos e internos. Transferencias del gobierno nacional para servicios personales de salud, educación y gestión social, saldos en bancos de gestiones anteriores.
Coincidiremos en que este es el punto donde estará la magia que en 1994 abrió Sánchez de Lozada con la Ley 1551 de Participación Popular y serán bienvenidos los actuales Barbery Anaya, Ipiña, Monasterios y Torrez Goitia. Los necesitamos.
Hasta aquí, el debate del 50/50 federalista no ha incorporado al actor fundamental de la economía: el sector privado.
Para superar la duda, pregunté en un sinnúmero de reuniones con empresarios: ¿Están siendo considerados los sectores productivos, generadores de economía, demandadores de formalidad y seguridad legal, en el debate que busca las soluciones que el país necesita? La respuesta que he escuchado tímida, como con vergüenza: es no…
Si el Gobierno trata de enfrentar sus deudas y está buscando mayor endeudamiento para salir del atolladero, ¿de dónde vendrá el excedente económico y simbólico que quiere distribuir y que, sin embargo, ya está produciendo en los territorios?
El 15 de julio organizamos en Asunción un encuentro para debatir desarrollo, sostenibilidad y turismo, con la presencia del ministro de Turismo de Paraguay, Jacinto Santa María, y la representación de más de 250 empresarios bolivianos e instituciones binacionales, académicas, de desarrollo y cooperación internacional. Me correspondió plantear un resumen de la realidad paraguaya para que cada cual le ponga números bolivianos:
Paraguay tiene una población de 6.460.159 habitantes, una extensión de 406.752 km²; cuenta con un Producto Interno Bruto nominal de $us 56.456 millones, un PIB per cápita nominal de aproximadamente $us 8.739 a US$ 9.371 y se está preparando para producir comida para 100 millones de personas.
¿Estamos a tiempo de reorganizar nuestra fiesta? Sin empresarios y emprendedoras esto no funciona.