Andrés Gómez Vela comparte una exquisita y lacerante crónica circunstanciada de la podredumbre y nauseabunda justicia boliviana. Ya no hay más adjetivos. Mientras cambie, esperamos la aparición de un juez probo que dicte sentencias independientes del poder político, según su conciencia y cumpliendo los principios básicos del derecho. ¿Es mucho pedir? ¿A dónde hemos llegado?
Por favor, leela y que tu espíritu ciudadano de justicia, diga ¡BASTA, yo también firmo!
«Un fiscal y una jueza encarcelaron a Martín Luque por un número de celular que no era el suyo. El fiscal lo culpó de un crimen que no cometió y la jueza sin capacidad de discernimiento creyó al fiscal y no a Martín, que probó que a la hora del hecho él estaba en otro lugar.
Edwin Blanco, cuando era fiscal de La Paz, montó “pruebas” contra el médico Jhiery Fernández, lo imputó y acusó de violación, pese a que una pericia estableció lo contrario y la enfermera Lola Rodríguez testificó que el profesional no vio ni tocó al bebé Alexander. Edwin Blanco es hoy juez.
Los fiscales Ramiro Prieto, Rudy Terrazas y Erlan Almanza ordenaron, en 2017, la aprehensión del entonces dirigente cívico de Achacachi, Elsner Larrazabal, por un secuestro inventado. Un juez encarceló a Larrazabal, pese a que éste demostró con testigos, pasajes, fotografías y facturas que el día del supuesto secuestro estaba en Cochabamba. Es más, el supuesto secuestrado negó el secuestro.
91 fiscales y 84 jueces abrieron 259 juicios por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado contra Marco Antonio Aramayo, que cumplió su deber de cuidar el patrimonio público en su condición de director del Fondo Indígena porque denunció corrupción y entregó un informe al entonces contralor, Gabriel Herbas, sobre las irregularidades que halló en 153 proyectos. Marco murió en la cárcel hace nueve meses tras seis años de tortura.
El fiscal Alexis Vilela imputó y pidió el 28 de agosto de 2018 el encarcelamiento del entonces dirigente de los cocaleros de Yungas, Franklin Gutiérrez, por asesinato y portación ilícita de armas de fuego. Vilela ejecutó una orden política. Gutiérrez no mató ni portó armas. Aquel día del supuesto hecho el dirigente cocalero estaba a 45 km de donde cayó la supuestamente víctima.
Tal fue la real malicia de la Fiscalía que inventó un viaje de Gutiérrez a Colombia para vincularlo con grupos narcoterroristas y mantenerlo preso. Es decir, cometió el delito de falsificar datos migratorios para acusar a un inocente. La saña no terminó ahí. En lugar de retirar la acusación y pedir disculpas a Gutiérrez, el mismo fiscal Vilela y sus colegas, Antonio Mamani y César Choquehuanca, cambiaron el tipo penal y presentaron una acusación contra ambos dirigentes por atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y medios de transporte.
Los jueces del Tribunal de Sentencia de Uncía (Potosí), Juan Nabel Colque Siles y Óscar Rubén Sandóval Escalier, sentenciaron en 2021 a dos muchachos por una supuesta violación que nunca sucedió. La acusadora dijo que fue brutalmente golpeada y violada por una docena de hombres. El certificado médico no establece ni violación ni violencia. La médica que revisó a la denunciante horas después del hecho imaginado dijo en audiencia que no hubo violación y que la denunciante no tenía ni un rasguño en su cuerpo. La tía de la denunciante coincidió con la médica.
La experta forense indicó que la denunciante tuvo relaciones sexuales 10 días antes de la violación inventada y no el supuesto día del hecho inventado con fines extorsivos. El estudio psicológico de la Defensoría de la Niñez de Colquechaca reveló en la denunciante signos de violencia intrafamiliar, pero ningún trauma sexual. La pericia de credibilidad concluyó que la denunciante mintió. El estudio de ADN del IDIF no halló semen en la cavidad vaginal. Cinco testigos declararon en audiencia que los dos muchachos estaban en otro lado a la hora del supuesto suceso. Pese a esta avalancha de evidencias, Colque y Sandóval los sentenciaron.»
