El viernes 29 de septiembre se instaló el cabildo, cumplidos los procedimientos y con la fiscalización del Tribunal Departamental Electoral, para analizar la fecha de realización del Censo; si el año 2024, como ha definido el Gobierno luego de suspender el que estaba aprobado para el 16 de noviembre del 2022, o para el primer semestre del 2023 que propone por el interés de Bolivia y con un documento integral, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz coordinado por el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Realizo este recuerdo solamente para precisar frente a la historia, y orientar la memoria de quienes leerán este artículo dentro de 50 años, y comprendan la estupidez colectiva de un debate absurdo. Si recordamos que César Augusto realizó con éxito un empadronamiento del mundo conocido hace 2022 años, y que los países desarrollados realizan hoy ajustes censales diariamente con el registro de las personas en el municipio en el que nacen, se trasladan o mueren, comprobaremos lo miope de la confrontación.
Nadie en su sano juicio puede oponerse a la realización del Censo, y menos en un país como Bolivia que tiene índices migratorios tan altos; esa realidad, refuerza la necesidad de datos precisos para aprobar políticas públicas correctivas. No repetiré las cifras que en la investigación que realizamos en el Cepad, vengo repitiendo desde el 2014 luego de conocer los datos del Censo del 2012 y proyectarlos con los de 1992 y 2001. El resumen señala que con censo o sin censo, el año 2032 el departamento de Santa Cruz tendrá el 50% de la población, el 85% vivirá en los 3 departamentos del eje central, el 90% viviremos en áreas urbanas y que tendremos 1 millón de km2 técnicamente sin población.
Estas proyecciones precovid tendrían que llevarnos a replantear la urgencia del Censo en la agenda nacional para acompañar la realidad territorial de los habitantes.
Hay que decirlo con firmeza y con ternura; en este tema, el Gobierno tiene sobre sí la carga de la prueba, le corresponde la decisión, la corrección y el ajuste de las medidas imprescindibles para evitar el absurdo que producirá la postergación y el uso de los datos, los económicos recién en 4 años, y los políticos en 8 años más. Antonio Machado dijo en Juan de Mairena: “Procura que tu enemigo no tenga nunca razón. Que no la tenga contra ti. Porque el hombre es el animal que pelea con la razón; quiero decir que embiste con ella. Te libre Dios de la tarascada de bruto cargado de razón”. El Gobierno, por una consigna partidaria, está induciendo al síndrome de Estocolmo a territorios pobres, sean departamentos, municipios o autonomías indígenas.
Apelando a la racionalidad, la solución técnica la ofrece el presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, AMB, Johnny Tórrez, alcalde de Tarija: “Tomando en cuenta el cronograma de actividades que por un lado desarrolla el Instituto Nacional de Estadística (INE) en coordinación con los municipios, las condiciones adecuadas para la realización del Censo pueden permitir que la fecha se sitúe en el segundo semestre del año 2023.”
La iglesia, el alcalde Iván Arias y líderes y parlamentarios ligados al municipalismo y la autonomía, se ofrecen como mediadores, mientras algunos voceros gubernamentales, preparando la guerra para vencer a la derecha cruceña, se chocarán contra una Bolivia que no están comprendiendo después de promover, dicen, la salida de 3 millones de personas de la pobreza, la migración y crecimiento de las ciudades, el fortalecimiento de actores productivos competitivos, el aumento de la clase media, y la ampliación de la capacidad de consumo de la población. ¡Qué paradoja! ¿Por qué no quieren que se evidencien estos datos?
Nadie quiere paro. Y sí queremos Censo para trabajar y aplicar acciones para que las zonas rurales y los municipios pequeños, no se queden sin habitantes.