No debe comprender el tozudo y cincuentenario presidente de la CUB, Max Mendoza, lo que significará para su futuro político los próximos seis meses de detención preventiva que ahora goza. Antes del atentado criminal en la Universidad Tomás Frías, tenía poder indiscutible, manejaba recursos, relaciones, daba entrevistas, recibía reconocimientos y compadrazgos; de repente se volvió despreciable, y los que eran sus amigos, piden contra él auditoría de gestión, enjuiciamiento, expulsión del sistema universitario, devolución de aguinaldos y resarcimiento por los supuestos daños que habría causado.
¡Qué maravillosa sociedad complaciente y farisea! Bruscamente se hizo la luz y el caso parece que será analizado por una hipócrita dirigencia académica que todavía no entiende cómo se dejó sorprender con ese hecho en pleno siglo XXI, siendo administradora de la institución comprometida con los pobres, el conocimiento, la ciencia y la
tecnología.
El universitario Mendoza no quiso escuchar a la prudencia aceptando que su tiempo había terminado, y así buscara salir de su entuerto de una manera honorable, ya que sus 52 años de vida, 34 años de estudio, su sorprendente rendimiento académico, 10 años como presidente de la CUB y las generosas prebendas que recibía unidas a otras exitosas gestiones partidarias, son públicas y están sonrientes en Facebook. Continuando con la prepotencia y creyendo que todavía gozaba de impunidad, su último video público fue una Oda al Matonaje; rodeado de otros dirigentes pulcramente vestidos de azul, señaló que todo eran infamias, que él no había cometido ningún delito, acusó a quienes los calumniaban y anunció acciones penales contra los que “difaman el honor de cada de uno de nosotros” (los dirigentes de las FUL). La sorprendente respuesta del aparato fue enmanillarlo y llevarlo al juez, ante quien intentará justificar lo que ya todos
sabemos.
El sistema universitario, en uso de su autonomía y aprovechando esta oportunidad, tendría que resolver una situación sobre la que no puede expresar ignorancia a costa de incurrir en liviandad, encubrimiento y quedar en mayor ridículo, pues cada día que pasa, el sistema universitario se desprestigia por el silencio. El paso dado por la comunidad universitaria de René Moreno que llevó a referéndum antes de que se destape esta podredumbre, la no reelección de autoridades y dirigentes, es una acción augural. “Es una consulta histórica que se ha hecho por primera vez en la universidad. La reelección de autoridades académicas le ha hecho mucho daño a la institución. Se volvió normal la prebenda, la dádiva y eso genera corrupción. Castró a los nuevos liderazgos”, dijo el rector Vicente Cuéllar, quien ha hecho pública su decisión de no postularse a un segundo mandato.
Este es un mensaje rotundo para la señora Nadia Cruz, defensora del Pueblo interina hasta el 14 de mayo. “Ella asumió la gestión del titular, y cuando esta gestión fenece ya no tiene mandato, ya no goza de esa atribución” señalan José Antonio Rivera, Marco Baldivieso y Julio Veizaga, constitucionalistas que enfatizan que, cuando la Constitución establece un mandato y se cumple el periodo del mandato, automáticamente cesa la autoridad. Ello se complementa en la sentencia constitucional 0218/2004-R11, el Estatuto del Funcionario Público, el Reglamento al Estatuto del Funcionario Público en relación a los interinatos, artículo 5 de la Ley 2027, y el apartado 12 del Decreto Supremo 25749.
La señora Cruz no tiene necesidad de renunciar, y tampoco incurrirá en dejación del cargo en razón del fin del mandato constitucional y su calidad de interina; sin embargo, puede ser procesada por los delitos de prolongación en el ejercicio del cargo y usurpación de funciones, además que la Contraloría debe determinar en base a qué norma podría recibir un salario más allá del 14 de mayo, y no incurrir en otro delito; como negación de la función pública que precisamente es la acción, está impedida de tomar decisión alguna pues sería nula de pleno derecho. ¿A quién le sirve una persona con cualidades tan controvertidas? A la gente, ¡no!
Saludo este momento extraordinario. El parlamento bajo la presidencia de David Choquehuanca al no poder imponer 2/3 por la consigna, debe practicar nuevamente la concertación entre adversarios; la señora Cruz, cumpliendo la Constitución y no yendo más a sus oficinas, puede presionar la designación concertada de alguien sin historia partidaria en el Defensor del Pueblo, y de esta manera, ella misma no terminar enjuiciada. Y el universitario Mendoza, al haber logrado unanimidad en el repudio a su conducta despreciable, ayudará desde San Pedro a recordarnos dónde se llega por la corrupción complaciente, cuando un pueblo y los jóvenes pierden la rebeldía.
Sin duda, este es el camino para seguir con las tareas pendientes: iniciar el debate sobre la migración, el despoblamiento rural y la construcción de ciudades, terminar con la injusticia de la justicia, la corrupción en la función pública y transparentar los territorios libres para la producción de cocaína.