Hemos escuchado hasta el cansancio que el Censo tiene tres etapas: la precensal, la jornada censal y el potscenso, y que cada una de ellas está ligada a la anterior. Reconociendo la existencia de materias todavía en debate, el Censo establecerá: a) el número de habitantes, edad y sexo, b) la ETA en donde el boliviano tiene su domicilio, y, c) las condiciones de vivienda, servicios con que cuenta y el desarrollo humano en el que la población desenvuelve su existencia.
Esa información se alinea a la data de los otros 192 países que integran la ONU, y las cifras alimentan las proyecciones y compromisos de convivencia y sostenibilidad que debemos cumplir los habitantes del planeta. Gracias a esos datos, sabemos que el mundo alcanzará 8.000 millones de habitantes el 15 de noviembre de 2022, y también será posible evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Censo que se realiza, siendo de interés específico de la sociedad, debe cumplir regulaciones internacionales para ser reconocido válido; la realización del censo es un acto de soberanía e independencia administrativa, no así sus resultados que tienen dimensión mundial; en casa podemos contarnos historietas, a nivel internacional existen protocolos que deben cumplirse.
Tres son las consecuencias más importantes del Censo, repetidas también al cansancio. La asignación política de la representación territorial, la distribución de recursos para su ejecución por las entidades que representan la soberanía popular y, finalmente, la aprobación de políticas públicas con participación popular, que conviertan planificación, inversión, programación de operaciones y los presupuestos en instrumentos de desarrollo, progreso y dignidad.
Para que el Censo cumpla sus objetivos y sea creíble internamente y reconocido a nivel internacional, se repite también, debe ser un proceso técnico, socializado, transparente y concertado. Si existe acuerdo en esas condiciones, que son las que se cumplen en el mundo mundial, reconoceremos que el Censo no tiene secretos y, por lo tanto, desde la sociedad civil solo nos queda exigir y demandar, y las autoridades, cumplir los procedimientos.
Las proyecciones que elabora el INE no causan estado, pues solo los datos censales definen representación y recursos. La pandemia acentuó la presión migratoria por las carencias en salud y el fracaso educativo, está acelerando la concentración poblacional en las ciudades y el abandono de áreas rurales con previsibles consecuencias en seguridad alimentaria, situación que preocupa principalmente a Chuquisaca, Oruro y Potosí. Paralelamente, debemos reconocer el bono de jóvenes menores de 30 años migrando a ciudades, el bono territorial de un millón de km2 técnicamente sin población proyectado para el año 2032 y la necesidad de mayor integración, producción y conectividad competitiva; la concentración y exigencia sobre ciudades indefensas muestra la carencia de instrumentos para administrar planificadamente demandas urbanas y, salvo acciones del sector no gubernamental, inmobiliario y académico, el Gobierno y el sistema político, todavía no las han incorporado al debate.
Estas son razones para que, desde la responsabilidad ciudadana, exijamos que el Censo se realice el año 2023. Por los errores cometidos, por la agenda inconclusa y con la ruta crítica precensal con tareas ya definidas, es posible asumir la recomposición del escenario y cumplir plazos prudentes, separados de las turbulencias electorales; realizar el Censo el año 2024 expresará una falta de valor civil que agudizará la confrontación por los problemas presupuestarios trasladados al gobierno del 2025, y las decisiones políticas, para el año 2030.
Este también es un momento estratégico para las propuestas desde Santa Cruz para Bolivia. Los bolivianos que vivimos aquí necesitamos los ajustes del Censo por la irrebatible tendencia migratoria, la existencia de bolivianos de ocho departamentos que necesitan recibir los servicios en el lugar en el que ahora viven, y la garantía demandada para trabajar y producir dignamente; los ciudadanos estamos cada vez más molestos por confrontaciones forzadas y comprobamos que no resulta equilibrado tensionar las relaciones y generar debates que no busquen soluciones. Para disminuir pretextos, esto debe plantearse con demandas formuladas sobre derechos generales que eviten las susceptibilidades y prejuicios que descalifican posiciones solamente “porque es Santa Cruz y la oligarquía separatista quien lo pide”.
Sobre constataciones empíricas, resulta que los departamentos que necesitan el Censo con mayor urgencia son precisamente aquellos que requieren políticas públicas ajustadas a la realidad de crisis por la que atraviesan, y que les permitiría demandar fondos especiales. Sin embargo, y paradójicamente, el actor más interesado en la realización del Censo debiera ser el propio gobierno central pues, para administrar esta crisis, necesitará pactos que le permitan salir del círculo de la demanda, presión, confrontación y violencia. Enfrentar el problema de la economía y el trabajo de la gente, el subsidio y la producción de carburantes, la producción alimentaria y las demandas territoriales autonómicas en un escenario de crisis económica mundial, no será nada sencillo.
Es imprescindible pasar de la t’inka, el ojímetro, las encuestas, el cálculo político y la discrecionalidad, a políticas públicas que se empaten con la realidad. Empujemos la racionalidad y el sentido común.