Estas noticias recorren el mundo. La agitación de todos los días, ¿nos hace que no las veamos en su verdadera dimensión? Tenemos derecho a preocuparnos.
Carlos Hugo Molina, ciudadano de la República de Bolivia (Art. 11 CPE)
(La Nación) SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- La sola mención de su nombre despierta temor entre los distintos interlocutores vinculados a la lucha contra el narcotráfico en esta ciudad.
Como si se estuviera invocando a Keyser Söze, el personaje que representaba al más sangriento de los criminales en el film Los sospechosos de siempre , hablar del supuesto dueño de los 944 kg de cocaína secuestrados en el avión de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, en España, provoca miedo entre policías, testigos y fiscales.
Semejante miedo no es casual, especialmente si se tiene en cuenta que en las últimas horas una serie de detenciones confirmaron que la mafia del narcotráfico penetró en la principal fuerza de seguridad destinada a la lucha contra el tráfico de drogas de Bolivia.
El general (r) René Sanabria Oropeza, quien se desempeñó como máximo responsable de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y que actualmente era el principal asesor de Inteligencia Criminal del gobierno de Evo Morales, fue apresado durante un operativo antidrogas realizado en Panamá por la policía boliviana y la Agencia de Lucha contra el Narcotráfico de los Estados Unidos (DEA).
Además de Sanabria fueron detenidos un coronel, un mayor y un capitán. Según el ministro de Gobierno boliviano, Sacha Llorenti, los cuatro policías formaban parte de una banda que colaboraba con narcotraficantes en el envío de droga a Estados Unidos.
En el caso del narcojet, los investigadores bolivianos sostienen que un colombiano, de nombre Guillermo, y al que en esta ciudad conocen como «Memo», habría contratado a los hermanos Juliá para llevar el cargamento de droga a España.
En la agenda de uno de los teléfonos de Gustavo Juliá, secuestrado por la policía española, aparecían dos contactos: uno, a nombre de «Henry», y otro, a nombre de «Mem». Aquí, fuentes policiales aseguran que detrás de esas crípticas iniciales se esconde el nombre del verdadero dueño del cargamento de droga secuestrado en España.
De confirmarse esta hipótesis, el nombre de John Wilson Díaz Vélez, otro colombiano que fue mencionado por las máximas autoridades de la lucha contra el narcotráfico de Bolivia, quedaría descartado como el hombre que contrató a los Juliá. Lo único que lo involucraba con el escándalo del narcojet era el viaje que hizo en el avión de los Juliá en abril de 2010 desde Buenos Aires hasta esta ciudad.
Hace cinco días, un grupo de agentes de la Guardia Civil llegó a Bolivia para seguir la pista del dueño de la línea telefónica Nº 00591766414…, hallada en la agenda de uno de los hermanos Juliá. Esta información fue confirmada por el coronel Gonzalo Quesada, jefe de la Felcn.
«Si va a hablar de este personaje en la nota, no me menciones. Este colombiano es muy peligroso», dijo un abogado cruceño que defiende a uno de los detenidos, acusado de integrar una banda de policías y traficantes que enviaba droga a Chile y a la Argentina a través del aeropuerto internacional Viru Viru.
Pequeña Colombia
El caso de este colombiano constituye una muestra del fenómeno que se registró en esta zona durante los últimos doce meses. «A raíz de que en Colombia aumentaron los controles, algunos integrantes del cartel del Norte del Valle trasladaron su actividad a Bolivia», explicó Quesada.
Esta tendencia se refleja en las siguientes estadísticas: durante 2010, la policía detuvo a 122 ciudadanos colombianos, acusados de narcotráfico. En el mismo período fueron desbaratados 24 laboratorios de cocaína instalados por narcos colombianos en territorio boliviano, la mayoría de ellos en Santa Cruz de la Sierra.
Favorecidos por una topografía similar a la de Colombia y ante la falta de controles, los narcos de ese país encontraron en Bolivia un territorio fértil para instalar laboratorios capaces de producir más de 100 kilogramos diarios de clorhidrato de cocaína, a partir de la pasta base que les compran a campesinos bolivianos de la zona del Chapare a US$ 1450 el kilo.
Esa pasta base, transformada en clorhidrato de cocaína, cuesta por kilo US$ 2500 en Santa Cruz de la Sierra. El valor aumenta a US$ 5000 en Buenos Aires y, puesta en Europa, el precio trepa hasta 30.000 euros. La diferencia de precios está relacionada con el costo de transportar la droga y con las coimas que se pagan para sortear los controles.
«Desde Santa Cruz de la Sierra, los narcos mandan habitualmente la droga a Buenos Aires en camiones que cruzan a la Argentina por la frontera seca. Usan caminos muy precarios que ellos mismos trazan. Evitan así los controles. Camino a Buenos Aires, saben que nadie los inspeccionará. Desde Buenos Aires, el cargamento sale disimulado en algún producto de exportación, por barco o por avión, hacia Europa», explicó a LA NACION un ex preso boliviano que integró una banda de traficantes comandada por un colombiano.
El ex traficante explicó cómo el narcotráfico inyectó dinero en la ciudad. «En esta zona, la principal actividad es la explotación gasífera, la agricultura y el narcotráfico. Acá hay mucho dinero, y eso se nota. Casi la mitad de la población cobra un salario mínimo de US$ 100. Sin embargo, hay más de 200 edificios en construcción y casi 300 camionetas tipo Hummers registradas. Es un contraste muy grande», explicó el ex convicto boliviano.
Otra muestra de cómo creció el narcotráfico en la zona está dada en la cantidad de presos alojados en el penal de Palmasola. Allí, el 80 por ciento de los detenidos tiene una causa penal por narcotráfico, y por lo menos el 30% son colombianos.
Aquí, en esta ciudad de 2 millones de habitantes, la mayoría de los automovilistas se movilizan en camionetas tipo 4×4.
Sólo en los allanamientos realizados en diez concesionarias de autos la policía secuestró 30 vehículos de alta gama, valuados en US$ 1.500.000. Esos autos habrían sido comprados por la banda de narcotraficantes integrada, entre otros, por Jesús María Osorio Torres, colombiano, ex defensor de Deportivo Independiente Medellín, quien según el coronel Quesada estaría vinculado con el cartel que contrató a los hermanos Juliá.
No hace falta ir muy lejos del centro de esta ciudad para encontrar un laboratorio que produce clorhidrato de cocaína. A 30 kilómetros, en el camino que conduce a Monteros, en un caserío llamado El Naranjal, en una casa situada al costado de la ruta funcionaba, hasta hace cinco días, una fábrica de cocaína, como les dicen aquí a las cocinas de droga. Pero los colombianos decidieron levantar el laboratorio cuando el dueño de la propiedad descubrió lo que hacían en su chalet, de amplio parque y pileta de natación.
Formación del precio
Los narcos compran la pasta base en Bolivia o Perú a US$ 1250 el kg, con impurezas, y a US$ 1450, pura.
En los laboratorios que instalan en Santa Cruz de la Sierra, la procesan y la venden a US$ 2450 el kg, como clorhidrato de cocaína.
Con camiones , es enviada a la Argentina por el paso de Yacuiba-Salvador Mazza. Al llegar a Buenos Aires, el precio trepa a US$ 5000.
Por avión o barco , la droga sale como producto de exportación en un cargamento con apariencia legal hacia Europa.
La «bajada» se hace en Europa y e implica los mayores riesgos, debido a los controles. Por eso, allí, el kilo se cotiza a 30.000 euros.