- La constatación del despoblamiento rural y su traslado a las capitales, a áreas urbanas, al eje central y hacia el departamento de Santa Cruz, sigue una tendencia demostrada por los censos 1992, 2001 y 2012.
- Esa evidencia, tendría que obligarnos a reconocer la necesidad de organizar el territorio y sus servicios considerando procesos económicos y sociales definidos por la realidad, identificando los lugares que la población elige para vivir, dónde está trabajando (a veces distinto de donde se ha censado), y la reorientación de las políticas y la inversión pública para cubrir las necesidades.
- La existencia de un domicilio censal y otro domicilio legal (residencia, trabajo y ejercicio del voto) está generando una dificultad muy complicada al Gobierno para cubrir las servicios públicos básicos. Este dato plantea una inconsistencia en la planificación y una imposibilidad material para resolver necesidades por la inversión pública, por la carencia de recursos suficientes. (¿Una persona recibirá salud, donde fue censada o donde desarrolla su actividad cotidiana?)
- Reconocer estas realidades necesita de una clara, responsable, optimista y firme voluntad política y social para aplicar medidas correctivas, antes que la tendencia no pueda ser modificada y solo queden las lamentaciones.
- En Bolivia, el Censo es nacional y es el único instrumento legal para la distribución de recursos, representación política y aprobación de políticas públicas de desarrollo y correctivas. Las proyecciones censales y los censos departamentales, no causan estado. Esto exige que el INE actúe en consecuencia.
- Existiendo una intensa tendencia migratoria, agudizada por la pandemia y la crisis económica, el retraso del Censo perjudica en mayor grado, paradójicamente, a los departamentos, municipios y universidades que están en lugares expulsores de población. Mientras no se aprueben políticas públicas correctivas de carácter nacional, la migración continuará, vaciando más los territorios que no podrán aplicar políticas compensatorias ajustadas a su realidad. Les quedará la presión y el conflicto.
- El desconocimiento de esta realidad, acompañada de una muy rara consigna política, está generando una incomprensible adhesión de los mayores perjudicados por el abandono poblacional de sus territorios, en favor de la postergación (Chuquisaca, Oruro y Potosí). Por su legítimo y propio interés y necesidad, tendrían que ser quienes lo demanden cuanto antes y de manera transparente y oportuna, con mayor firmeza.
- Lo mismo ocurre con los 256 gobierno locales con población menor a 20.000 habitantes que por su carácter fundamentalmente rural y carentes de los servicios básicos de salud y educación, seguirán sufriendo el peso de la migración. Por su legítimo y propio interés y necesidad, tendrían que ser quienes lo demanden cuanto antes y de manera transparente y oportuna, con mayor firmeza.
- Hay que reconocer que cuando se realice el Censo, la disminución poblacional de los departamentos en relación a los porcentajes nacionales, acarreará una disminución de la asignación y distribución de recursos. Para resolver y enfrentar esta realidad el Gobierno nacional tendrá que aprobar medidas correctivas. Algunas propuestas:
a) Crear un fondo al que puedan acceder los departamentos cuya población se encuentren por debajo de la media de crecimiento nacional.
b) Transferencia de competencias nacionales que puedan ser ejecutadas autonómicamente por los departamentos, y que signifiquen ampliación de sus capacidades de gestión y financiamiento.
c) La transferencia de las competencias y recursos que ejecuten servicios administrados por el nivel nacional, no relacionados con la soberanía e independencia nacional, hoy encubiertos en empresas manejadas desde el nivel central, que aumentan la burocracia innecesariamente y que disminuyen el control, la transparencia, las competencias y las capacidades de las Entidades Territoriales Autónomas.
d) La transferencia en favor de las Gobernaciones del departamento donde se encuentren, de las denominadas empresas productivas.
e) Aprobación de políticas públicas que incentiven la iniciativa y la producción privada, social y cooperativa, en áreas relacionadas al:
i. turismo,
ii. la producción competitiva de alimentos en toda su gama, y productos estratégicos con competitividad internacional, quinua, café, carne de auquénidos… (conocimientos ancestrales y de competitividad internacional)
iii. producción de medicamentos, suministros e insumos para la salud, (conocimientos ancestrales y de competitividad internacional)
iv. la educación, investigación, generación de inteligencia artificial, conectividad, competitividad, alta tecnología, fabricación de parque competitivo
v. La generación de energías alternativas, en toda sus variedades y posibilidades.
f. Creación de un Fondo Especial para el desarrollo de ciudades, que apoye a los gobiernos municipales a enfrentar las demandas de servicios, y al sector privado y desarrolladores inmobiliarios, a la planeación integral de proyectos, elaboración de planes que resuelvan las necesidades de vivienda, apoyar las fuentes de financiamiento en favor de los requirentes y garantizar la transparencia y los derechos de los beneficiarios.
g. Creación de un Plan integral de funcionamiento de los territorios indígenas, el respeto a sus territorios, sus instrumentos de autonomía y gobernanza, servicios públicos e integración plena al sistema nacional productivo.
h. Reorganización del servicio exterior y consular para que funcionen como agencias de desarrollo nacional, identificando y buscando mercados a los productos bolivianos donde tengan sus sedes, y apoyando a los productores involucrados en estas medidas, para que se les facilite los trámites y procedimientos de exportación. - Hay que reconocer que cuando se realice el Censo, la disminución poblacional de los departamentos en relación a los porcentajes nacionales, acarreará una disminución de la asignación y representación política. Para resolver y enfrentar esta realidad, se debe ratificar la representación de diputados en un número mínimo por departamento.
- El nivel de confusión sobre el Censo, está generando una absurda confrontación a la que se está tratando de arrastrar a los migrantes de los 8 departamentos que viven en el departamento de Santa Cruz; se está planteando un prejuicio contra «los cruceños», y al mismo tiempo un desconocimiento discriminatorio de la calidad de boliviano de quien vive y trabaja aquí, necesitado de salud y educación, más allá del origen de su nacimiento.
- Necesitamos volver al origen del Censo como ejercicio superior de ciudadanía que debe condicionar y obligar al Estado a la aprobación de políticas públicas en función del territorio donde vive la población, las necesidades colectivas que tiene y los objetivos productivos del desarrollo nacional. La realización del Censo
a) no tiene un objetivo ideológico
b) es una necesidad del estado
c) no es un espacio de lucha regional
d) debe ayudar a tomar decisiones ajustadas a la realidad.
e) y reconociéndose los conflictos que puede generar, lo inteligente será trabajar sobre sus consecuencias, desde ahora. - La postergación del Censo del 16 de noviembre del año 2022 a una fecha indeterminada el año 2024, generará, lo repito, el mayor perjuicio a los departamentos expulsores y a los municipios pobres. La migración seguirá yendo a donde las personas suponen que tienen más expectativas.
- Los departamentos y municipios y ciudades receptoras, seguirán creciendo, generando excedente económico, recibiendo fuerza laboral, ahorro y consumo, y seguirán demandando legítimamente por justicia y obligación pública, la aplicación de los principios de ciudadanía plena de los habitantes que viven en su jurisdicción, respeto normativo y equidad poblacional. Y ello planteará un motivo permanente de reivindicación cívica y política.
14 ideas, obvias, sobre el Censo boliviano, antes que las consignas hagan más difícil pensar y expresar el pensamiento.
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