(Suplemento Animal Político) La modificación de la estructura de poder en los territorios produce dolores de cabeza a los reformistas porque los tiempos en los que se consolida la nueva institucionalidad son mucho mayores a la rapidez con la que se destruye la antigua. Este axioma, si se lo comprende más allá de su aparente juego de palabras, es lo que está ocurriendo en Bolivia.
La reformas de la Constitución Política del Estado (CPE), de sus instituciones, de sus formas de relacionamiento y del abandono en el que se encuentra el habitante de cualquier lugar del territorio patrio están permitiendo a los actores sociales y políticos, luego de verificar el descontrol y confusión del cambio de estructura, una suerte de “campo de nadie” en el que las definiciones soberanas se imponen frente a las estructuras precarias.
Entendamos que “definiciones soberanas” no tienen que ver necesariamente con modalidades y procedimientos incorporados por el Nuevo Orden. Basta con apelar a la soberanía popular y a la voluntad de los movimientos sociales para que las acciones que se ejecutan pongan en figurillas a las autoridades públicas, que se ven limitadas en su capacidad de acción, pues, tienen al frente a la base de sustentación del poder público.
El cambio de autoridades que se está produciendo por mecanismos pocos procedimentales en algunos casos y la violencia que acompaña las medidas desde los sectores sociales tiene una respuesta reiterada desde el aparato represor del Gobierno: hay una suerte de violencia policial que se repite en sus manifestaciones de restablecimiento del orden público que superan el carácter anecdótico o aislado, para adquirir la calidad de conducta reiterada. Como los receptores de la violencia, el último tiempo son sectores que se consideran afines al Gobierno, la fuerza aparece como desproporcionada o casi injusta.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) y su gobierno desconocieron o desvalorizaron sistemáticamente un andamiaje construido por la democracia, más allá de las ideologías, por su naturaleza de instrumentos. Las dificultades propias de las democracias formaban parte de un juego perverso en algunas oportunidades, de “pasanaku” en otras, o de ejecución de los pasos legales, pero quedaban en el nivel local; se generaban y se resolvían ahí. Hoy tenemos una vitrina nacional de los problemas locales de todo el territorio.
Es voluntad del Gobierno que todo lo que ocurre en todos lados sea de su conocimiento y resolución. Y ahí tienen que ir ministros y Presidente a apagar incendios de los compañeros en la generosa geografía patria. Y las dificultades son entre compañeros.
Si a ello le sumamos esa suerte de judicialización de la política en la que producto de un maridaje casi perfecto entre aparato represor, de fiscalización y sancionador trabajan al unísono, y las autoridades departamentales o municipales, de cualquier signo político, pueden pasar en cualquier momento por la guillotina judicial para ser suspendidos de sus cargos y así responder a la justicia ordinaria, con la libertad condicionada, con reclusión domiciliaria o en el calabozo de los condenados, se cierra el círculo.
Enseña la historia de las revoluciones que, producida la reforma, el nuevo orden aprueba las leyes y los instrumentos que aplicará y estos se ejecutan por la fuerza del cambio. No hay forma de oponerse, y la reacción recibe los calificativos que corresponden por oponerse a los nuevos tiempos. La enseñanza precisa la palabra “a todos en todos lados”. Resulta complicado aplicar un Nuevo Orden cuando la ejecución es selectiva; cuando se decide por voluntad excátedra, dónde, cuándo y a quién; cuando los integrantes del Nuevo Orden siguen haciendo lo que siempre, pues, ése era uno de los acuerdos para participar de él. Institucionalizada la informalidad y la ilegalidad, resulta cuanto menos complicado explicar razonablemente por qué ocurren ciertos casos.
¿No fue así que se aprobó un perdonazo automotor? ¿No fue así que se amplió la venta de ropa usada? ¿No es así que se mantienen áreas del territorio patrio que son tierra de nadie para la producción de hoja de coca excedentaria? ¿No es así que todos los que se sienten agraviados e incumplidos por las promesas ganan las calles y los caminos para exigir que se cumplan los compromisos? ¿Qué tiene de diferente, frente a ese escenario, que la gente de cualquier lugar, en uso de su voluntad soberana, tenga la posibilidad de decidir por sí y ante sí cómo quiere resolver sus intríngulis?
La famosa frase “hago y después mis abogados lo arreglan”, atribuida a la última persona que debía haberla dicho, ha tomado carta de ciudadanía plena. Y se cumple en casi todos los niveles. Llegando está el momento de descubrir que esto no nos llevará a nada bueno, a nadie. Ya no lo está siendo. La verdad no es atributo de un grupo, parcialidad, compadrerío o cofradía. Ni todo lo que hacen es como debiera, aunque sea lo que se ve por todos lados.
La construcción de un Estado democrático necesita de gobernabilidad democrática; que cada nivel de poder público ejecute la porción de autoridad que la Constitución establece. El Presidente no puede estar a cargo de los mercados y mingitorios ni los gobernadores son los alcaldes departamentales, ni… Mientras esto no se comprenda, las luchas continuarán siendo hasta las últimas consecuencias y veremos rostros adustos y agotados de las autoridades negociando hasta lo impensable.
Volvamos. Hemos sufrido un cambio social necesario y que nos está permitiendo mirarnos todos a los ojos. Debajo del poncho ya no está el machete. Mi enemigo no lo es porque tiene un color de piel distinto. Las palabras “indio de mierda” y k’ara son ilegales. Si ya hemos avanzado en lo que era necesario, apliquemos la racionalidad y el sentido común.
Los territorios federales de este país autonómico deben ser el espacio de la construcción creativa de futuro, no más el campo de marte para resolver mis disputas políticas. Y que mis diferencias ideológicas se resuelvan de acuerdo a procedimientos razonablemente pactados.
Parece tan sencillo…
Carlos Hugo Molina.